En Brasil la energía eólica se convirtió en la fuente más competitiva en las subastas de nuevos proyectos de generación durante el año pasado. ¿Por qué el recurso no ha despegado de la misma manera en Colombia y en otros países latinoamericanos?

Harbord: Colombia tiene actualmente una penetración muy baja de las fuentes de energía renovable no convencional (excluidas hidroeléctricas a gran escala), ya que solo cuenta con un parque eólico experimental de menos de 20MW y una limitada penetración de la energía solar. Esto refleja el predominio de los proyectos hidroeléctricos a gran escala dentro del sector generador. Sin embargo, la mayor inquietud por las consecuencias de los períodos de grave sequía derivados del fenómeno de El Niño, apreciados recientemente entre el 2009 y el 2010, han obligado a Colombia a invertir mucho en nueva capacidad termoeléctrica, con lo cual ha crecido su huella de carbono.

¿Qué se debe cambiar para que los recursos renovables como la energía eólica puedan afianzarse?

Harbord: Muchos otros países en desarrollo, como Brasil, Perú y México, ya están fomentando la inversión privada en una variedad de fuentes de energía renovable, especialmente en la energía eólica. Sin embargo, con la actual situación normativa del sector eléctrico colombiano, estas tecnologías parecieran no ser viables en términos económicos. Un factor clave es el cargo de confiabilidad - sistema de pago por capacidad - que se aplica a la generación renovable no convencional en Colombia. La [entidad reguladora] CREG calcula el factor de crédito por capacidad para la energía eólica entre 6% y 7,3% de la capacidad de la planta. Esto se compara con un factor superior a 90% para las centrales a carbón y a gas y de entre 30% y 55% para las hidroeléctricas. En nuestra opinión, la metodología de la CREG probablemente subestima el aporte de la energía eólica a la confiabilidad del sistema y posiblemente en un margen considerable.

¿En sus cálculos, cuál debiera ser esa cifra?

Harbord: Nuestras estimaciones (basadas en la experiencia internacional y las mejores prácticas) sugieren que el factor de crédito por capacidad de la energía eólica debiera ser de al menos 15% y bien podría llegar a 33%. La metodología actual subestima el aporte eólico y eso, a su vez, significa que las centrales generadoras reciben menores pagos por capacidad de los que deberían. Esta es una importante barrera a la inversión en el sector eólico colombiano.

Suele decirse que la energía eólica e hidroeléctrica son complementarias. ¿Podrían ambas fuentes llegar a convertirse en los pilares de la red eléctrica colombiana sin necesidad de expandir la generación termoeléctrica?

Harbord: Parece haber una complementariedad (o cobertura) natural entre la energía hidroeléctrica, por un lado, y la generación eólica, por otro: durante períodos en que se aprecia el fenómeno de El Niño, las menores precipitaciones coinciden con los vientos más intensos. Cualquier evaluación de fuentes auxiliares a la generación hidroeléctrica debería reflejar esa complementariedad. En particular, el factor de crédito por capacidad para la energía eólica y solar debería reflejar el aporte de estas tecnologías a la confiabilidad del sistema en momentos de escasez de agua, especialmente en períodos de actividad de El Niño. Por supuesto, la complementariedad debe demostrarse para la planta específica en cuestión.

¿Cuáles son algunos de los beneficios de dar prioridad al desarrollo renovable?

Harbord: Las externalidades negativas y los prolongados tiempos de entrega asociados a las grandes hidroeléctricas y las centrales a carbón contrastan con las externalidades relativamente limitadas y la flexibilidad que ofrecen las fuentes de energía renovable no convencional. Cuando hay un nuevo proyecto hidroeléctrico en consideración, probablemente traerá consigo evaluaciones de impacto extremadamente complejas y polémicas, especialmente si contempla el desvío de ríos y la inundación de valles habitados. En contraste, la energía eólica y otras renovables no convencionales tienen un impacto relativamente benigno sobre las comunidades locales y el ambiente. Esto es de particular importancia ya que el historial de trato justo y debidas compensaciones a las comunidades afectadas o desplazadas por los grandes proyectos hidroeléctricos dista mucho de ser perfecto, y ello no ocurre solo en Colombia.